Cada día, en promedio, una mujer es asesinada en Colombia por razones de género. Este dato, reflejo de una dolorosa realidad, nos obliga a mirar de frente una problemática que combina desigualdad social y fallas estructurales. Aunque contamos con leyes destinadas a proteger a las mujeres, como la Ley Rosa Elvira Cely, las cifras muestran que aún hay mucho por hacer. Según el Observatorio Colombiano de Feminicidios, los casos han aumentado en los últimos años, particularmente en zonas rurales, donde las mujeres enfrentan mayores riesgos y menos acceso a la justicia. Detrás de estos números hay vidas apagadas y familias rotas.

El feminicidio no ocurre de forma aislada, sino que está profundamente arraigado en una sociedad que ha perpetuado el machismo y la desigualdad. Aunque existen leyes destinadas a combatir esta problemática, su implementación es limitada y depende demasiado de la voluntad de instituciones que no siempre están preparadas para actuar de manera efectiva. Las medidas de protección, en muchos casos, llegan tarde, dejando a las mujeres vulnerables ante agresores que actúan con impunidad. La violencia comienza mucho antes de que ocurra un trágico feminicidio, y el Estado no interviene a tiempo, perpetuando un ciclo de agresión y abandono hacia las víctimas.

Una corta investigación realizada por mi cuenta, reveló que las instituciones enfrentan desafíos enormes para prevenir estos crímenes. La policía, los juzgados y los centros de atención a víctimas carecen de protocolos claros y efectivos para atender casos de violencia de género. Esto se suma a la falta de capacitación en perspectiva de género, lo que puede llevar a actitudes indiferentes o incluso revictimizantes hacia las denunciantes. Las mujeres, al no sentirse protegidas ni escuchadas, muchas veces desisten de buscar ayuda. Sin un sistema coordinado y efectivo, el feminicidio sigue ocurriendo con una frecuencia alarmante, mostrando los vacíos que deben ser atendidos con urgencia.

Sin embargo, no todo está perdido. La educación es clave para prevenir la violencia de género. Es crucial enseñar igualdad desde edades tempranas y cuestionar las conductas machistas que, de forma sutil, perpetúan esta problemática. Además, las campañas de sensibilización deben ser constantes y abarcar todos los sectores de la sociedad, especialmente en comunidades donde los roles de género están más arraigados. Este enfoque no sólo prevendría futuros feminicidios, sino que también generaría un cambio cultural que permitiría a las mujeres vivir con mayor libertad y seguridad.

Enfrentar el feminicidio en Colombia exige más que leyes o estadísticas: requiere una transformación integral en nuestra sociedad. Debemos construir instituciones más fuertes y humanas, que prioricen la protección de las mujeres y actúen con celeridad. Al mismo tiempo, como ciudadanos, tenemos el deber de reflexionar sobre cómo contribuimos, consciente o inconscientemente, a una cultura que permite la violencia de género. Solo con un esfuerzo colectivo que incluya al gobierno, la sociedad civil y las comunidades podremos lograr un país donde las mujeres estén seguras y libres de toda forma de violencia.