Los principales precursores de la ciencia política son: Aristóteles, quien desde su obra La política concluyó que no hay una única mejor forma de gobierno por cuanto este depende de las características y dimensiones del Estado a gobernar. Maquiavelo, a partir de su texto El príncipe, advirtió que el Estado y lo político son una esfera particular de la acción humana independientemente de los factores sociales, políticos y económicos (dimensión descriptiva y no normativa). Montesquieu, en su documento El espíritu de las leyes, determinó que las constituciones políticas dependen de las dimensiones sociales y políticas. De forma paralela a estos grandes filósofos, se encuentran teóricos que utilizaron criterios sociológicos y de investigación empírica en la ciencia política como Augusto Comte, Karl Marx, Émile Durkheim y Max Weber. Para ellos, la sociedad era un todo integrado y por ende, la ciencia política no se consideró, desde el estudio de las dimensiones sociales y políticas, como una ciencia autónoma.

Históricamente, el origen de la ciencia política se encuentra en la Antigua Grecia, allí los hombres eran considerados como ciudadanos libres con derechos y obligaciones para participar en los asuntos públicos. Esto equivale a considerar una primera aproximación a la ciencia política, en la que los Estados y gobiernos eran vistos como creaciones mutables. Si dichos institutos avanzan, la ciencia política debería avanzar. Por lo tanto, la ciencia política era considerada una ciencia dinámica, acorde a las realidades, a las transformaciones de la sociedad. En efecto, las ciudades – Estado se identifican con polis, los ciudadanos como polites y la actividad pública de los ciudadanos como politiké.

La política fue entendida como la participación de los ciudadanos en la organización de la sociedad y el Estado. Participaban para determinar quiénes, por qué y cómo se debía gobernar. En efecto, el hombre como animal político (zoon politikon) tenía la capacidad o potencialidad de alcanzar un desarrollo pleno en la sociedad. La anterior reflexión sigue aún vigente en nuestros días. De paso, la política tenía y sigue teniendo el propósito de alcanzar el interés general y esto se logra también con la participación de los ciudadanos.

Con el surgimiento de la política como actividad ciudadana también se dio origen al pensamiento político. Dicho pensamiento posee tres vertientes, cada una con un hecho histórico con el que desarrolló su aparición. En primer lugar, el discurso político que alude a las acciones, con parámetros de razonamiento, orientadas a la consecución del interés general. En segundo lugar, la filosofía política, consiste en identificar el fin (o fines) a perseguir a cargo del Estado y la sociedad que no es otro que el del interés general. Y en tercer lugar, la ciencia política, que se identifica como una ciencia orientada a ofrecer insumos de quién, por qué y cómo deben gobernar en procura del bienestar común de la sociedad.

La ciencia política es la sumatoria del discurso político y de la filosofía política. Como el discurso político y la filosofía política apuntan al cumplimiento del interés general, por extensión, la ciencia política es una ciencia de interés general. Estamos frente a un área de conocimiento que se basa en la experiencia (empírico) con sólidos y serios análisis frente a la dimensión fáctica (objetivo), hasta lograr contrastar sus proposiciones con la realidad (metódico). Todo ello apuntando a la consecución del interés general a cargo del Estado y la sociedad.

No obstante a lo anterior, algunos teóricos han advertido que la ciencia política es una ciencia autónoma porque tiene su propia metodología de investigación con las dimensiones objetiva y empírica. Sartori, por ejemplo, ha indicado que la ciencia política debe ser una ciencia autónoma porque la política es diferente de las otras esferas de la vida social y cuenta con sus propias reglas y metodología de investigación (es independiente).

La experiencia ha demostrado con suficiencia que la ciencia política ha dependido, por ejemplo, de la ciencia económica al hablar de la eficacia y eficiencia de las instituciones políticas diseñadas a la consecución del interés general. Por tanto, la ciencia política no es autónoma. Lo mismo ocurrió, y ocurre, con el derecho, este último depende de la ciencia económica al estudiar la eficacia y eficiencia de las normas jurídicas. Al punto que encontramos una metodología orientada a estudiar las disposiciones jurídicas con criterios económicos conocida como el Análisis Económico del Derecho AED. Es por ello que muchos estudiosos han indicado que la ciencia económica es la orientadora de las demás ciencias. De ahí que la autonomía de la ciencia política será útil para fines de estudio y aplicación tanto en el discurso político como en la filosofía política.

Los estudiosos han ofrecido varias nociones de lo que se entiende por ciencia política. Algunos teóricos entienden a la ciencia política como la ciencia del poder ante el estudio de: gobernanza y gobierno, los mecanismos de participación ciudadana, los medios para alcanzar el poder, y los mecanismos de coactividad y dominación para hacer obedecer sus mandatos. Todo ello en procura del interés general (es su filosofía). Otros analistas afirman que la ciencia política es la ciencia del Estado al analizar el alcance de la estructura y funcionamiento del Estado (valga la redundancia) para la consecución del interés general. Al punto que hemos encontrado explicaciones según las cuales la ciencia política es una ciencia de la administración pública porque esta ofrece insumos para determinar quién, por qué y cómo deben administrar lo público en procura del interés general. Nótese que dichas nociones apuntan a esta filosofía: alcanzar el interés general. Por tanto, no resulta desacertado afirmar que la ciencia política es una ciencia de interés general.

El interés general no debe ser visto como un medio para alcanzar un propósito (o propósitos), sino un fin en sí mismo. Es la causa directa de la actividad estatal. Es el fundamento de la administración pública. Es un parámetro que debe ser observado por el Estado a través de sus autoridades públicas. Es por ello que el Constituyente de 1991 estableció que la función administrativa, o la administración pública (dimensiones: orgánica y funcional), si se prefiere, debe estar al servicio del interés general (artículo 209). La ciencia política (como ciencia) y la administración pública (como disciplina) deben estar al servicio del interés general. Así pues, la ciencia política es inseparable del interés general.

La difusión y aplicación del interés general contribuyen a la lucha contra la corrupción pública. Esto corresponde a uno de los temas de la filosofía política. Desde luego, el interés general debe ser divulgado y empleado en conjunto, en armonía, con la ética para combatir dicho fenómeno. La ética también se ha constituido uno de las grandes temáticas de la ciencia política y como el arma idónea para la lucha contra la corrupción. En efecto, se ha determinado también que la ciencia política es inseparable de la ética.

Sea esta la oportunidad para destacar lo siguiente: se ha identificado que la lucha contra la corrupción la estamos perdiendo. Pareciera que ya no estamos interesados en combatirla. Tanto así que la criminalidad económica y la corrupción (pública y privada) se han duplicado en los últimos años. De hecho, según “Transparencia por Colombia”, Colombia obtuvo 40 puntos sobre 100 en el índice de Percepción de la Corrupción 2023 de Transparencia Internacional, ocupando, a su vez, el puesto número 87 de los 180 países evaluados. Es curioso que esto suceda a pesar que desde el año 2011, se han creado normas jurídicas para sancionar, con consecuencias jurídicas fuertes, los actos de corrupción (Ley 1474). Por esta razón es que se afirma que el derecho punitivo se está quedando corto para la lucha anticorrupción.

Si bien es cierto que el derecho punitivo es uno de los controles sociales, o una de las herramientas estatales de intervención, para la lucha contra la corrupción, no es menos cierto que mientras no exista la adecuada aplicación del principio de interés general por parte de quienes ejercen funciones públicas, así como de la correcta difusión y utilización de la ética, las cosas seguirán igual o, peor aún, el índice de percepción de la corrupción aumentará de manera exponencial. Debemos generar cultura de aplicación de la ética y del interés general, obviamente, acompañado del uso del derecho punitivo, para la lucha contra la corrupción. Esto también corresponde a uno de los propósitos de la ciencia política porque, como ya ha podido explicarse, la ciencia política es inseparable del interés general y la ética.

Sobre el autor
Docente del programa de Derecho de la Universidad de Ibagué y director del semillero de investigación “Jaime Vidal Perdomo” de la mencionada casa de estudios.