Interdependencia entre verdad, justicia y reparación
Se ha identificado que los esfuerzos desplegados desde las Naciones Unidas por acabar con la impunidad en los casos de violaciones de los derechos humanos coinciden en destacar la interdependencia y la complementariedad entre el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación. Estas tres garantías, por cierto, son concebidas como independientes y, por ende, su cumplimiento se da por separado; sin embargo, en la práctica se interrelacionan, y deben estar necesariamente presentes en los procesos en los que se trata de superar un pasado con manchas asociadas a estos actos. Tal como lo anticipa el título de este informe, en esta nueva ocasión queremos referirnos al alcance de la verdad como uno de los pilares de una adecuada política de justicia transicional.
El derecho a la verdad entre críticas y garantías
Como es natural, el derecho a la verdad en sede de la justicia transicional ha sido objeto de críticas por, entre otras razones: a) da lugar a más traumas (implica reabrir heridas emocionales, por ejemplo); b) da mayor prioridad a las reparaciones económicas (prefiere la restitución de derechos que reconstruir la verdad); c) da oportunidad a las represalias (implica temor y riesgos de la seguridad de las víctimas). Al lado de dichas dimensiones, destacamos la importancia de conocer la verdad en sede de la justicia transicional y de reconciliación sobre los hechos de violación de derechos humanos. De hecho, se comparte la reflexión ofrecida por la Corte Constitucional desde la Sentencia C-588 de 2019 al señalar que la garantía a la verdad ampara la posibilidad de exigir que se conozca lo sucedido, esto es del derecho de las víctimas a saber, y que se promueva la coincidencia entre la verdad que se desprende del proceso (verdad formal) y la verdad material.
A pesar de que la reconstrucción de la verdad puede generar costos emocionales, aumento de riesgos de represalias contra las víctimas, asignación significativa de recursos públicos, entre otras dificultades, tales costos deben ser ponderados frente a los beneficios sociales que produce el esclarecimiento de los hechos. Este proceso contribuye a la reducción de la impunidad, la prevención de futuras violaciones de derechos humanos, el fortalecimiento de la confianza institucional, consolidándose como un elemento esencial de una adecuada política de justicia transicional.
El reconocimiento de las víctimas como complemento de la verdad
El conocimiento que proporciona la verdad tiene que ser, desde luego, complementado con el reconocimiento a las víctimas. Por cierto, la verdad no se reduce de manera exclusiva al círculo más íntimo de las víctimas, sino que tiene que ser reconocida oficialmente y de forma pública, aceptando igualmente su validez a la sociedad. Por ello se afirma que el reconocimiento devuelve a las víctimas a la sociedad, como manifestación de una justicia distributiva, proporcionando la memoria colectiva, la solidaridad, la superación, la conciencia social, la disculpa pública, la aceptación de responsabilidades, entre otras dimensiones. En efecto, la verdad pasa a desempeñar una modalidad de terapia social, convirtiéndose en un ingrediente esencial del derecho a la reparación.
La naturaleza bidimensional del derecho a la verdad
El derecho a la verdad conlleva un deber de memoria por parte del Estado. De ahí que dicha garantía de la justicia transicional posea una naturaleza bidimensional. Por un lado, las víctimas tienen el derecho a la verdad y a la memoria. Por el otro, también la sociedad, tiene ese derecho de estar enterada y, por tanto, dependerá de la construcción de la memoria histórica. Debe advertirse, desde luego, que el deber de memoria por parte del Estado no siempre significa que el Estado sea el único legitimado para participar en el proceso de mantenimiento, recuperación o reconstrucción de dicha memoria histórica. Por el contrario, la sociedad igualmente cumple un rol fundamental en su construcción, en la medida en que contribuye a recuperar, preservar y transmitir las experiencias colectivas vinculadas con las violaciones de derechos humanos. De ahí la importancia de la promoción y fortalecimiento de la construcción de la memoria histórica.
La memoria histórica entre la incomodidad y la verdad
Oportuno es comentar que la memoria histórica, en atención del cumplimiento del derecho a la verdad, en muchas ocasiones puede ser incómoda, hasta calificarse de insoportable. Además, se ha reconocido que es peligrosa u ofensiva, pues nos relatan personajes criminales hasta los detalles más vergonzosos del pasado. Por ello, a veces, no siempre, la memoria histórica es inconveniente, pero necesaria para lograr cumplir el postulado de consecución de la verdad en sede de la justicia transicional. La memoria histórica no debe ser comprendida, entonces, como un fin en sí misma, sino como un medio para alcanzar un propósito. Su aplicación debe ser adecuada, prudente, respetuosa.
La memoria histórica como construcción colectiva
La memoria histórica se dimensiona como un reconocimiento del pasado, fruto de la elaboración social en la historia colectiva. En ese sentido, según Cepeda Castro y Girón Ortiz (2004), desde su reconocido texto Justicia y crímenes contra la criminalidad: “La memoria se convierte en un elemento relevante en la arena política, ya que acaba constituyendo un espacio de resistencia a la represión (en sentido político y psíquico) del pasado” (p. 91). De ahí que la memoria histórica, y por qué no el derecho a la verdad, serán interpretados como una de las facetas del proceso de democratización de la sociedad, así como también una oportunidad para que las fuerzas sociales que han sido excluidas, perseguidas y estigmatizadas puedan participar en la vida pública (o en la vida política, en
términos de algunos politólogos).
Retos institucionales de la memoria histórica
Debe advertirse que la construcción de la memoria histórica en atención del cumplimiento del derecho a la verdad ha tenido dificultades de eficacia y de eficiencia, a tal punto que los defensores de derechos humanos, entre ellos Cepeda Castro y Girón Ortiz (2004), y las víctimas claman y reclaman por cumplir sin restricciones u obstáculos la iniciativa de construcción de dicha memoria. En todo caso, debemos conocer y reconocer la labor que ha efectuado el Área de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), puesto que se están produciendo interesantes procesos de recuperación y dignificación de las memorias del sufrimiento, como ocurrió, por ejemplo, el caso de Bojayá (Chocó), cuya reconstrucción fue documentada en año 2010, y este proceso tiene que orientarse, por supuesto, a la reconstrucción de la verdad acerca del conflicto colombiano, o en sentido general, de las violaciones de derechos humanos, que se han producido y que desgraciadamente se siguen presentando.
A manera de conclusión
Verdad y memoria histórica: hacia la comprensión integral de la violencia
Insistimos, entonces, en que las iniciativas de verdad y memoria histórica deben ser pensadas como herramientas para la garantía del derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad. En efecto, en sede de los procesos de justicia transicional, tales mecanismos no solo permiten reconstruir y esclarecer los hechos ocurridos durante los periodos de violencia y violaciones de derechos humanos, sino que también contribuyen a identificar sus causas, motivos, contextos, patrones de actuación y responsables, favoreciendo a la par una comprensión integral de las transgresiones de derechos humanos. Además, el esclarecimiento de los hechos, por cierto, contribuye a reducir los costos derivados de la impunidad y probabilidad de repetición de las violaciones de derechos humanos, al tiempo que fortalece la confianza en las instituciones y mayores niveles de bienestar colectivo.
El presente texto corresponde a una de las clases impartidas por el autor en la maestría en derechos humanos, gestión de la transición y posconflicto, en la ESAP territorial Tolima.
