Los economistas han sido uniformes al señalar que para que la economía funcione de manera eficiente es necesario, e indispensable, que existan: a) regulaciones de propiedad bien definidas (a fin de intercambiar recursos sin dificultades o barreras), b) competencia (en aras de impulsar a las empresas a innovar, beneficiando a los consumidores) y c) disponibilidad de información (para que los agentes económicos puedan tomar decisiones adecuadas) (Cárdenas Santamaría, 2013).
Desde luego, la experiencia ha demostrado que los procesos económicos no siempre pueden lograr la eficiencia debido a diversas barreras como monopolios, externalidades, fallas de información, desequilibrios macroeconómicos, desempleo, inflación, así como asimetrías de información (Torres López, 2022). Por tales situaciones se justifica la intervención del Estado para corregir las disfuncionalidades del mercado (Vidal Perdomo, 2004), contribuyendo, a la par, a la restauración de la eficiencia (Gregory Mankiw, 2002) de la consecución del bien común (Hernández Quintero, 2022).
De esta manera, la economía no siempre funciona por sí misma, requiere, entonces, de la dirección e intervención del Estado para fijar sus reglas de juego. Por eso tenía razón la Corte Constitucional de Colombia, desde la Sentencia C-150 de 2003, al concluir lo siguiente: “Sin dicha regulación general del Estado, el mercado económico no podría existir ni funcionar” (p. 10).
En lo referente a los desequilibrios macroeconómicos tales como el desempleo y la inflación, la dirección e intervención del Estado son necesarias y convenientes, aunque no exentas de críticas entre algunos economistas. Lo anterior, se debe a que intentan estabilizar la economía a través de las políticas fiscales y monetarias, abordando al tiempo las fluctuaciones cíclicas y manteniendo el empleo pleno, como también, controlando la inflación y asegurando la estabilidad económica y el crecimiento.
Tales políticas pueden manifestarse en cualquiera de estos dos fenómenos económicos: recesión o alta inflación (Samuelson y Nordhaus, 2010). En ambos eventos la participación de la banca central es trascendental, como pasa a reseñarse:
· En tiempos de recesión, el gobierno puede aumentar el gasto o reducir los impuestos para estimular la demanda y disminuir el desempleo. La banca central, a la vez, puede aminorar las tasas de interés para fomentar el endeudamiento y la inversión.
· En cambio, en períodos de alta inflación, el gobierno puede reducir el gasto o aumentar los impuestos para congelar los ciclos de la economía. La banca central, de paso, puede incrementar las tasas de interés para frenar el endeudamiento y el gasto excesivo.
Desde luego, se deben aplicar de manera adecuada las políticas fiscales porque, por ejemplo, un gasto público ineficiente puede dar lugar al desplazamiento de la inversión privada, así como a la reducción del crecimiento económico (Forero Hernández, 2017). En efecto, las políticas fiscales sostenibles son necesarias para evitar consecuencias económicas a largo plazo como la reducción de la inversión y el crecimiento económico.
Por su parte, uno de los instrumentos más importantes de la política fiscal corresponde al presupuesto público, que determina los ingresos y gastos públicos, permitiendo la identificación del déficit fiscal (los ingresos son menores que los gastos) y del superávit fiscal (los ingresos son mayores que los gastos) (Forero Hernández, 2017). Por supuesto, su empleo debe ser adecuado porque de no ser así puede dar lugar a efectos adversos significativos en el desarrollo económico (Cárdenas Santamaría, 2013). Las políticas económicas erróneas pueden distorsionar los mercados (Samuelson y Nordhaus, 2010).
En ese sentido, la intervención del Estado en la economía a través de las políticas macroeconómicas ayuda a mantener un entorno económico estable, propicio para el crecimiento y el desarrollo. Ante los eventos de fallas del mercado justifica la dirección e intervención del Estado para mejorar los resultados económicos y sociales. De ahí que su filosofía se halla en la corrección de las distorsiones o disfuncionalidades del mercado, contribuyendo así al cumplimiento del interés general, o del bien común (Hernández Quintero, 2022).
Debe destacarse que la intervención del Estado en la economía orientada para corregir las disfuncionalidades del mercado debe ser de forma adecuada. Esto, como una de las exigencias del postulado de la buena administración (Mantilla Correa, 2020). A tal punto que los economistas han logrado identificar situaciones de Estado fallido a través intervenciones desproporcionadas, inadecuadas, tardías, ineficientes (por mal diseño de las políticas) (Torres López, 2022), conduciendo en esa dirección a resultados subóptimos, a menudo, peores que los resultados de mercado que pretendía mejorar o corregir, perjudicando en paralelo el bienestar económico y social (Samuelson y Nordhaus, 2010).
Referencias
Cárdenas Santamaría, M. (2013). Introducción a la economía colombiana. Ediciones alfaomega.
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-150 de 2003. Expediente: D-4194. m.p.: Manuel José Cepeda Espinosa; 25 de febrero de 2003.
Forero Hernández, C. F. (2017). El régimen jurídico del presupuesto público, ¿derecho administrativo o derecho económico? Revista Gestión y Finanzas, 2(1), 6-17. https://revistas.ut.edu.co/index.php/gestionyfinanzas/article/view/1764
Gregory Mankiw, N. (2002). Principios de economía. Editorial McGraw-Hill.
Hernández Quintero, H. A. (2022). Delitos económicos en la actividad financiera. Ediciones Grupo Editorial Ibáñez.
Mantilla Correa, A. (2020). La buena administración como noción jurídico-administrativa. Ediciones Dykinson.
Samuelson, P. A. y Nordhaus,W. D. (2010). Macroeconomía con aplicaciones. México: Ediciones McGraw-Hill
Torres López, J. (2022). Economía Política. Ediciones PIRÁMIDE.
Vidal Perdomo, J. (2004). Derecho administrativo. Ediciones LEGIS.
