Las drogas ilícitas continúan siendo un factor de preocupación en el departamento del Tolima. En diferentes periodos las inquietudes han estado relacionas con la producción de amapola, coca y marihuana y mucho más reciente se han centrado en el consumo de sustancias. Estas preocupaciones han sido abordadas con herramientas como la erradicación forzada y por medio de enfoques de salud pública para el tratamiento de los problemas de consumo. Las diferentes políticas han generado aprendizajes de todo tipo y deben ser vistas como oportunidades para fortalecer subsecuentes procesos de planificación. En esta línea, uno de los mayores aprendizajes ha sido la necesidad de superar las deficiencias en materia de información oportuna que le permitan al departamento y a los municipios la generación de lecturas sistémicas sobre los problemas con el fin de nutrir políticas acordes con las realidades territoriales. Este artículo se concentra en este aspecto del problema de las drogas y sus políticas.

Los desafíos de la producción, tráfico y consumo de drogas ilegales

La producción, tráfico y consumo de sustancias psicoactivas en sus dimensiones nacional, departamental y local, así como las finanzas ilegales siguen planteando desafíos importantes. En el plano internacional, desde hace más de una década se llegó a estimar que el tamaño total de los mercados de las drogas ilícitas podría ascender a US$ 320.000 millones, (OEA, 2013). Por su parte en Colombia se ha llegado a estimar el tamaño del microtráfico por el orden de los 6 billones de pesos al año, (Departamento Nacional de planeación, 2016).
Un análisis retrospectivo sobre la producción de cocaína revela que este fenómeno ha persistido a pesar de los esfuerzos de control implementados. Colombia experimentó una reducción de las hectáreas de cultivo de coca de 163.000 en el año 2000 a 47.788 en 2012, pero luego inició un proceso de aumento que la llevó a alcanzar las 230.000 hectáreas en 2022. Según informes de las Naciones Unidas, esta tendencia al alza se ha concentrado en los últimos diez años en áreas de alta presencia de grupos armados y con marcada fragilidad institucional (UNDOC, 2023).
El reciente incremento en la producción de cocaína en Colombia ha generado a su vez un aumento en el tráfico, lo que se refleja en las cifras de incautación. Según análisis de centros de pensamiento, en 2022 las autoridades incautaron alrededor de 671 toneladas de cocaína, con un valor estimado de más de US$16.000 millones en el mercado mayorista de Estados Unidos (Insight Crime, 2023).
Los aumentos en la producción y en el tráfico se ven reflejados en una mayor disponibilidad de cocaína y en consecuencia en un aumento en la demanda. Sin embargo, estas preocupaciones por el aumento del consumo de sustancias en Colombia no solo se centran en la cocaína. En la actualidad se presentan alertas por consumo problemático de mezclas de difícil caracterización, como el “Tussi”, que puede contener MDMA, Ketamina, Cafeína, Catinonas y Benzodiacepinas, entre otros.

¿Qué sucede en el Tolima?

En el Tolima se presenta una problemática de brechas de información que limitan las capacidades de diagnóstico y generación de respuesta oportunas frente a los retos que las drogas generan. Trabajos de investigación indican que contrario a lo que se piensa, el departamento del Tolima no es un territorio libre de cultivos de uso ilícito. Los hallazgo en este sentido controvierten la idea del Tolima cómo un departamento por fuera de los circuitos de producción, motivada por lecturas imprecisas desde los ámbitos nacionales, (Mejía Baldión, A., Otálora, Y. C., & Tafur Villarreal, A, (2020). Estos hallazgos se complejizan al relacionarlos con las recientes alertas oficiales de identificación de laboratorios para el procesamiento de cocaína y el establecimiento de corredores de tráfico, (Gobernación del Tolima, 2024).

Del lado de la demanda en el departamento se vienen desarrollando abordajes desde la salud pública y se han generado políticas centradas en la prevención del consumo de sustancias. De igual forma se han presentado, con menor intensidad abordajes a los problemas de consumo desde perspectivas de acompañamiento psicosocial y comunitario y se registran algunas limitadas experiencias en materia de la reducción de riesgos y daños. En cuanto a estas últimas se exaltan programas de orientación y escucha comunitaria en barrios y colegios y también campañas que informan a jóvenes sobre los riesgos de consumo con el fin de que tomen mejores decisiones a partir de mayor y mejor conocimiento.

A pesar de los avances, la implementación de políticas parece rezagada si se le compara con la rapidez con la que se comportan los fenómenos de oferta y demanda de drogas ilegales. En la actualidad en el país se registran aumentos del consumo de nuevas sustancias cómo el fentanilo o las metanfetaminas y mezclas peligrosas como el Tussi, entre otros.

Este nuevo panorama relacionado con el consumo empieza a exigir nuevas y oportunas lecturas de los fenómenos en lo local y las políticas tendrían que responder a estas lecturas. De acuerdo con expertos, los consumos problemáticos de sustancias de forma individual o en mezclas plantean riesgos significativos para la salud y el bienestar de los jóvenes consumidores (Échele Cabeza, 2023). El principal problema con respecto a las nuevas sustancias radica en la dificultad para conocer los tipos de drogas que las personas en realidad consumen, lo que aumenta los riesgos de intoxicación y muerte por sobredosis.

A estos nuevos problemas se suman anteriores retos pendientes sin resolver. Entre estos sobre sale la necesidad de atender a población de calle particularmente policonsumidora de basuco, inhalantes y heroína entre otros y a población joven en riesgo de consumo y de vinculación a dinámicas de ilegalidad por reclutamiento, uso y utilización. Frente a este particular hay que anotar que la delincuencia organizada instrumentaliza a jóvenes vulnerables para el desarrollo de sus propósitos criminales en el marco de los mercados de drogas. En muchas ocasiones la criminalidad induce al consumo y a la adicción por medio de estrategias de mercadeo criminal o por medio de la violencia para asegurar mercados rentables. En otras ocasiones utilizan a población joven, mujeres y personas de la tercera edad para fines de distribución y expendio.

Mejorar la capacidades de diagnóstico y de respuesta a los problemas: el papel esencial de autoridades territoriales, comunidades y academia en la co-creación de soluciones.

Colombia ha experimentado cambios en los patrones de demanda de sustancias psicoactivas en áreas urbanas, mientras que en zonas rurales los núcleos de producción y procesamiento continúan mutando. Lo anterior constituye un llamado a autoridades nacionales y territoriales, a la sociedad civil y a la academia para fortalecer mecanismos destinados a la atención oportuna de poblaciones y territorios amenazados por los cambios bruscos que las dinámicas de las drogas y de los actores involucrados generan en lo nacional y en lo local.

En el caso del Tolima, la generación de más y mejor conocimiento con fines de políticas públicas ajustadas a las realidades territoriales constituiría un elemento central innovador. En este sentido, el empleo del pensamiento sistémico y el análisis de la complejidad para la gestión de riesgos constituiría una poderosas herramienta para comprender las interrelaciones entre diversos fenómenos que resultan amenazantes, incluidas algunas drogas ilícitas. El desarrollo de este tipo de enfoques es esencial para la generación de información actualizada que permita formular cursos de acción estratégicos y costo efectivos basados en el análisis de las interrelaciones entre los actores involucrados y sus intereses. Este tipo de herramientas posibilita entender mejor los sistemas complejos que se tejen para avanzar en el rediseño de aquellos factores considerados cómo problemáticos, (Olaya, C., & Gomez-Quintero, J, 2016).

En la actualidad los diferentes gobiernos departamentales y municipales cuentan con mejores posibilidades y marcos de política nacionales que permiten diseñar e implementar políticas que aborden la complejidad y apunten al cuidado de las personas y al desarrollo de los territorios, incluida la seguridad. No obstante, cualquier materialización de avances depende del liderazgo de las autoridades político administrativas en los planos territoriales en alianza con la sociedad civil, la academia, el sector privado y siempre buscando escenarios y puntos de concertación con políticas marco en temas de drogas, seguridad y en general de desarrollo.

La incorporación de herramientas de análisis sistémico para el fortalecimiento de políticas públicas territoriales podría darse por medio de alianzas entre la academia y el sector público departamental y nacional. Estas alianzas permitirían el desarrollo de experiencias exploratorias que apunten a mejorar las capacidades de prevención y reducción de riesgos y daños causados por el consumo de todo tipo de sustancias psicoactivas. De igual forma se podrían generar insumos para que las autoridades fortalezcan sus apuestas de redireccionamiento estratégico para la lucha contra la criminalidad organizada.

Por último se anota que la necesidad de fortalecimiento institucional y comunitario para abordar de mejor forma los problemas de drogas es una responsabilidad de todos. Esta responsabilidad puede encontrar en instrumentos cómo los planes locales y el plan departamental de desarrollo, los planes integrales de convivencia y seguridad y el plan departamental de drogas oportunidades para la generación de una sociedad mucho más resiliente frente a los problemas que las drogas seguramente continuaran planteando.

Sobre el autor:

Politólogo, especialista en políticas públicas en áreas de seguridad integral y desarrollo humano. Maestría en Ingles cómo Lengua Internacional. Desarrollo profesional en los sectores de Planeación Nacional, Seguridad y Defensa Nacional y Justicia. Experiencia en formulación e implementación de políticas para el abordaje multidimensional de economías ilícitas.

Si tiene dudas o comentarios, puede escribir al correo santiagoagp77@gmail.com.

Referencias

Corporación Acción Técnica Social. ( 2022). Échele Cabeza: https://www.echelecabeza. com

Olaya, C., & Gomez-Quintero, J. (2016). Conceptualization of social systems: actors first. In Proceedings of the 34th International Conference of the System Dynamics Society (Vol. 13).

Thoumí, F. E. (2015). Debates y paradigmas de las políticas de drogas en el mundo y los desafíos para Colombia. Academia Colombiana de Ciencias Económicas

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)-Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI). (2022). Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2022. Bogotá: UNODC- SIMCI.

Observatorio de Drogas de Colombia. (2024). Reporte de drogas de Colombia Informe estadístico. Bogotá D.C., Colombia: O.D.C.

Observatorio de Drogas de Colombia. (2019). ESTUDIO NACIONAL DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN COLOMBIA – 2019. Bogorá, D.C.: ODC.

Martínez; Gallo (2023). Conceptualizando el sistema del narcotráfico en el enclave productivo Frontera Tumaco: habilidades del pensamiento sistémico para la formulación de políticas públicas efectivas y sostenibles en el tiempo. Tesis de grado de Maestría en Ingeniería Industrial Departamento de Ingeniería Industrial Universidad de los Andes Bogotá́ , Colombia.

Mejía Baldión, A., Otálora, Y. C., & Tafur Villarreal, A. (2020). Oferta y consumo de drogas en el Tolima: recomendaciones para su atención (2015-2020).

Insight Crime, (2023). Gobierno de Colombia incauta récord de cocaína mientras negocia con narcotraficantes. https://insightcrime.org/es/noticias/gobierno-colombia-incauta-record-cocaina-negocia-con-narcotraficantes/

Gobernación del Tolima, (2024) ¡Inédito! Encuentran laboratorio artesanal para procesamiento de cocaína en el Tolima Disponible en: https://www.tolima.gov.co/noticias/6028-inedito-encuentran-laboratorio-artesanal-para-procesamiento-de-cocaina-en-el-tolima